La infraestructura carretera vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una inversión de 50 mil millones de pesos para 2026, destinada al Programa Nacional de Conservación de Carreteras y al Bachetón, representa mucho más que una cifra presupuestal: es una declaración de prioridades.
Durante décadas, el deterioro de carreteras federales y estatales ha sido una constante que impacta directamente en la seguridad vial, la competitividad económica y la calidad de vida de millones de personas. Baches, tramos dañados y falta de mantenimiento no solo encarecen el transporte de mercancías, también ponen en riesgo a quienes diariamente transitan por estas vías. En ese contexto, destinar recursos históricos a la conservación, más que a nuevas obras faraónicas, marca un cambio relevante en la visión de desarrollo.
El Programa Nacional de Conservación de Carreteras apunta a una lógica preventiva: mantener lo que ya existe para evitar costos mayores en el futuro. A la par, el Bachetón, una estrategia enfocada en atender de manera inmediata los tramos más dañados, responde a una demanda ciudadana constante y visible. Son acciones que, aunque menos espectaculares que la inauguración de nuevas autopistas, tienen un impacto inmediato y tangible en la vida cotidiana.
Desde el punto de vista económico, una red carretera en mejores condiciones fortalece la integración regional, reduce tiempos de traslado, mejora la logística y eleva la competitividad del país. Sectores clave como el comercio, el turismo, la agricultura y la industria dependen, en gran medida, de caminos seguros y funcionales. En regiones donde el transporte terrestre es la principal vía de conexión, el mantenimiento carretero se traduce en oportunidades de desarrollo.
El anuncio también envía un mensaje político claro: la infraestructura no se abandona una vez construida. Apostar por la conservación implica reconocer que el desarrollo sostenible no solo consiste en crecer, sino en cuidar y optimizar lo ya logrado. Además, la inversión pública en este rubro genera empleo, dinamiza economías locales y fortalece la presencia del Estado en zonas estratégicas del país.
El reto, como siempre, estará en la correcta ejecución. Transparencia, planeación y supervisión serán clave para que estos 50 mil millones de pesos se reflejen en carreteras más seguras y eficientes, y no se diluyan en prácticas ineficaces. La ciudadanía no solo espera anuncios, sino resultados visibles en el asfalto que recorre todos los días.
En 2026, la apuesta está hecha. La conservación carretera deja de ser un tema secundario para convertirse en un pilar del proyecto nacional. Si se cumple lo prometido, México no solo avanzará por mejores caminos, sino por una ruta más sólida hacia el desarrollo.